Padres autoconvocados exigen los derechos de las PCD en Mendoza

Esta nota fue redactada en el año 2003 en referencia a un grupo de padres de niños con discapacidad que decidieron reunirse y organizarse con un objetivo común: conseguir la adhesión de Mendoza a la ley nacional sobre"Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad" para, de esta manera, brindarle una mejor calidad de vida a sus hijos.

En el año 2003 un grupo de padres de niños con discapacidad comenzaron a tener problemas ya que no se les garantizaba las prestaciones básicas para sus hijos. Fue por eso que decidieron reunirse y organizarse ya que su objetivo común era conseguir la adhesión de Mendoza a la ley nacional 24.901 sobre "Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad" para, de esta manera, brindarle una mejor calidad de vida a sus hijos.
Con el paso de los años este grupo de padres fue creciendo cada vez más y se fue renovando.
Ley 24.901
El principio fundamental de esta ley es eliminar la desigualdad prestacional. Esto significa que existe un mínimo de prestaciones que una persona con discapacidad tiene que recibir para mejorar su calidad de vida como la habilitación, la rehabilitación, la asistencia integral a través de los jardines terapéuticos, el transporte diferenciado, la capacitación laboral, entre otras.
Además, esta ley garantiza la cobertura total para todas las personas con discapacidad, indistintamente si poseen obra social o no, ya sea nacional o provincial, por lo cual, en el caso de que la persona con discapacidad no tenga obra social es el mismo Estado el que debe encargarse de estos temas.
Discriminación en Mendoza
El panorama en nuestra provincia es distinto. Las autoridades provinciales no han adherido a esta ordenanza y la respuesta siempre ha sido la misma: “se desfinanciaría Osep” y “la provincia no tiene presupuesto como para brindar la cobertura total de estas personas”. Por ello, desde el Poder Ejecutivo Provincial se presentó un proyecto, en el mes de junio, como alternativa a la ley nacional 24.901. Junto a este proyecto también algunos de los legisladores presentaron uno o dos proyectos de adhesión a esta ley, pero sólo se abordan en las comisiones de salud.
En definitiva, en Mendoza existe discriminación hacia las personas con discapacidad que poseen obras sociales provinciales y más aún para quienes no poseen ninguna obra social. Los únicos que se encuentran beneficiados son aquellos que poseen obras sociales nacionales ya que tienen acceso a todos los tratamientos de rehabilitación de forma gratuita, así como también los remedios, los aparatos ortopédicos, las maestras integradoras, los profesionales que intervienen en la recuperación de habilidades, el transporte diferenciado, los estudios de diagnóstico, sin mayor burocracia que el pedido médico y la certificación de la discapacidad.
Pero aquellos que poseen obras sociales provinciales como OSEP (Obra Social de los empleados Públicos) y deseen, por ejemplo, solicitar un elemento ortopédico, tendrán que atravesar por una serie de trámites previos: primero, el médico hace el pedido, posteriormente, debe iniciar un expediente para que le otorguen el elemento ortopédico, luego debe ir a las ortopedias y pedir tres presupuestos, después volver a la obra social y esperar que se lo aprueben, finalmente Osep pagará sólo una parte del elemento ortopédico, que según ellos consideren más económico y la diferencia la debe pagar el paciente. Además, no reciben los tratamientos adecuados a sus necesidades, son presos de los servicios que tienen convenio con la obra social.
Pero la máxima discriminación la sufren aquellos que carecen de cobertura social y que ni siquiera pueden solventar sus gastos. “Hay muchas personas que no tienen cobertura social y dependen de alguna donación que le hagan, se les adapta elementos ortopédicos donados a esa persona. Entonces nosotros no queremos que haya más esa desigualdad”, sostuvo Laura.
Un ejemplo es Vanesa Castellón que posee una discapacidad motriz y necesita rehabilitación permanente o una operación, pero ésta es muy costosa. Ella no tiene obra social por lo cual deberá costearse todo de forma particular. Esto quiere decir que el Estado no le garantiza ni la operación, ni la rehabilitación.
No olvidemos que, en la Nación, el Fondo Solidario de Redistribución está destinado un 80% a las obras sociales. Esto quiere decir que, según la ley 24.901, el Estado debe garantizar la cobertura total de la persona con discapacidad ya sea a través de su obra social o del mismo Estado Nacional. “Encontramos ofensivo que nos digan que nuestros hijos pueden llegar a quebrar una obra social o que no haya presupuesto, o que nuestros hijos sean caros porque no hay presupuesto para solventar estas prestaciones. Entendemos que es un derecho lo que nosotros estamos exigiendo. Nosotros queremos igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades”, dijo Laura Tribiño, madre de Franco de 11 años con discapacidad.
No obstante, la provincia de Mendoza aún mantiene vigente el Régimen 5041 de Protección para las personas discapacitadas, siendo que fue sancionado hace varios años atrás, en 1985. Teniendo en cuenta la evolución de la sociedad esta legislación se encuentra, en este momento, obsoleto ya que tiene como esencia pensar que la persona con discapacidad tiene un “problema”. “Hoy sabemos que el problema es otro y sabemos que si a una persona se les da todas las condiciones para que pueda desarrollarse va a llegar a un grado de normalidad como cualquier otra”, dijo Laura.
Mariela Condorí, madre de Ián, de 10 años con discapacidad, agregó “la persona puede alcanzar cosas que antes era impensable que lo hiciera. Antes se le ponía techo, se le ponía límite. Ahora planteamos que sí lo puede hacer porque hay medios, tecnologías, cosas en las que hemos avanzado”.
Actualmente, los Padres autoconvocados de niños con discapacidad están abocados a la difusión de su lucha. Tal es así que se han hecho visibles en algunos medios de comunicación tanto en las redes sociales como en los programas de radio, periódicos, etc para que más personas tengan conocimiento de la situación por la que atraviesan las personas con discapacidad en nuestra provincia y para que otros adultos con discapacidad y padres de niños con discapacidad se sumen a la lucha, ya que la adhesión de esta ley implicaría un beneficio para todos.
“Lo que apuntamos los padres es que nuestros hijos no sean una carga social sino todo lo contrario, que se los mire como cualquier ciudadano que tiene derecho a la salud, a la educación, a la capacitación para un trabajo, a un trabajo digno”, concluyó Laura.

Marcha a la Legislatura
El miércoles 24 de agosto los Padres autoconvocados de personas con discapacidad y adultos con discapacidad, junto con amigos y familiares del Gran Mendoza y de San Rafael marcharon por segunda vez en el año, desde Vicente Zapata y Costanera hacia la Legislatura.
El propósito de esta convocatoria era, al igual que en la primera marcha que fue en mayo, fomentar la continuidad del tratamiento de la ley 24.901 a los legisladores provinciales y que se manifiesten en favor de la misma, a la vez
que dar a conocer a los mendocinos la situación de las personas con discapacidad para lo cual juntaron firmas de adhesiones.
Al llegar a la Legislatura les entregaron un petitorio y allí los diputados se comprometieron a tratar el tema en los próximos días.
En la nota se rechazó el proyecto del Poder Ejecutivo provincial junto con OSEP el cual establecía una legislación restrictiva al que rige en el resto de las provincias del país y se solicitó el cumplimiento de los principios de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con discapacidad, aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2006, mediante la ley Nº 26.378.